Argentina y los holdouts

Argentina y los holdouts[i]

Experiencias para la reestructuración de la deuda griega

 En momentos en que Europa debate la reestructuración de la deuda griega y en especial la participación en tal operación de los inversionistas privados tenedores de bonos de la deuda helena, los europeos deberían echar una mirada a la experiencia argentina con los holdouts y avanzar en la propuesta de recompra soberana.

El 23 de diciembre de 2001 Argentina entró en default difiriendo los pagos de más de US$100.000 millones en bonos de la deuda externa, que estaban en manos de acreedores nacionales y extranjeros.

Las deudas soberanas en general están en manos de inversionistas públicos y privados, y entre estos últimos están los especuladores netos, los que compran deuda de países en problemas a precios de regalo y que, llegado el caso, se resisten a toda reestructuración o prórroga de plazos. También están los que compran por los altos intereses que pagan las emisiones de bonos de esos países –como fue el caso de Argentina y es hoy el caso de Grecia y otros asociados del bloque europeo– inducidos por sus asesores bancarios o financieros.

Aunque los altos intereses siempre van asociados a un alto riesgo, la promesa de ingentes ganancias puede más que la prudencia y los ahorristas entran en el juego de los bancos asesores, que los tientan con el argumento de que los bonos soberanos siempre se pagan, tarde o temprano, de una u otra manera, pero se pagan.  Sin embargo, en un sistema regular de toma de riesgos, se presume que el tomador de riesgos debe también cargar con parte de las pérdidas, y eso es lo que se discute a la hora de negociar la reestructuración de deuda soberana en manos privadas

Desde 2001 Argentina llevó a cabo dos operaciones de canje de deuda, una en 2005 y la otra en 2010, tendientes a renegociar los bonos en situación de incumplimiento. En ambas operaciones gran parte de los tenedores de bonos aceptaron la oferta, y el resto prefieró seguir el camino de los tribunales –y ahora están probando suerte con los arbitrajes– en procura de cobrar los valores nominales de los bonos, con más los intereses adeudados.

A la fecha un grupo de bonistas agrupados en torno a los llamados “fondos buitres” han obtenido sentencias favorables en tribunales estadounidenses, aunque no han podido ejecutarlas por falta de activos argentinos en otros jurisdicciones.

Lograron algunos embargos provisionales sobre depósitos del Banco Central de Argentina en Nueva York, pero recientemente una Corte de Apelaciones hizo lugar al recurso argentino, declarando que los dineros del Banco Central tienen inmunidad de embargo.

Por otra parte, en el curso de este mes la Corte de Apelaciones de Nueva York condenó a Argentina a seguir pagando intereses sobre los bonos hasta tanto no cancele el principal. Esta decisión está relacionada con una sentencia de primera instancia que ya se había pronunciado a favor del pago de intereses (de hasta el 101% por año en la deuda impaga) aunque no había establecido hasta cuándo debían pagarse los mismos.

También este mismo mes la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido hizo lugar a un pedido de tenedores estadounidenses de bonos argentinos para que puedan presentar sus demandas ante la justicia británica, rechazando el argumento argentino de que los tribunales del Reino Unido no tenían competencia al respecto. Este fallo abre la puerta a los especuladores de la deuda europea, ya que los países de Europa probablemente tienen activos en el Reino Unido y en otras jurisdicciones.

Otro frente que los europeos deben tener en cuenta, es el arbitraje internacional.

En el caso argentino, parte de los tenedores minoristas –bonistas italianos y alemanes—se han juntado en grupos que reclaman el pago total de aquellos bonos y mantienen hoy arbibrajes contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o Centro), que es el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial.

Los demandantes sostienen ante el CIADI que sus bonos son “inversiones” protegidas en el marco del Convenio del CIADI y en el marco de los tratados bilaterales de inveriones entre los dos países respectivos. Los bonistas italianos, por ejemplo, formulan un argumento ciertamente novedoso, sostienen que al comprar bonos en Italia han realizado una inversión en el territorio de la República Argentina y que dicha inversión cumple los criterios del caso Salini; es decir que cumple los criterios para ser considerada una inversión protegida; a saber, que comporta una contribución sustancial, de cierto riesgo, que produce utilidades regulares, durante cierto tiempo y que contribuye al desarrollo económico de Argentina.

A simple vista no parece que se trate de una inversión en el territorio y que haya contribuido al desarrollo económico del Estado emisor,  sería como admitir que los bonos griegos emitidos para pagar vencimientos deuda, en el marco de una tasa de crecimiento real negativo y a la baja, contribuyen al desarrollo económico de ese país.

El planteo es jurídicamente insostenible y contrario al espíritu del Tratado mencionado;  pero con el CIADI nunca se sabe. Argentina ha impugnado la jurisdicción del CIADI para entender en el asunto, pero el Centro todavía no ha emitido decisión al respecto.

Expertos en derecho de los tratados y de los arbitrajes internacionales de inversiones adelantan que el organismo no tiene jurisdicción, y que si la declara sería un cuasiescándalo jurídico, pero no hay que descartarlo, otros analistas sostienen que el Centro se ha vuelto excesivamente sesgado a favor de los inversionistas y en contra de los Estados, y que, como no está sujeto más que a su propia interpretación de los acuerdos pertinentes, podría salirse con una sorpresa.

Europa puede, cosa que no podía Argentina, recomprar toda la deuda griega, convirtiéndola en deuda soberana, y luego reestructurar esa deuda de manera que sea sostenible para Grecia, desaliente a los especuladores y evite el contagio a la periferia europea.

Europa también tiene la posibilidad de negociar que los inversionistas privados que tomaron riesgos asuman parte de las pérdidas.

Si en cambio Europa impone a Grecia una reestructuración voluntaria de la deuda soberana en manos privadas, los especuladores habrán hecho su agosto, y Grecia deambulará por años en los pasillos de los tribunales.

Por María López
mlopez@politicapress.com


[i] Tenedores de bonos en default.