Los lobbistas de la banca versus las plazas de la gente

El punto de inflexión de la crisis de los activos tóxicos fue la Cumbre del G-20 en Londres, en abril de 2009.

Los miembros del G-20 llegaron a aquella Cumbre bajo la presión de la banca, que amenazaba con quiebras en masa y reclamaba rescates billonarios a ambos lados del Atlántico.  El sector financiero alimentó el miedo y consiguió lo que buscaba, pese a ser responsable directo de aquella hecatombe.

A poco más de dos años la crisis europea sigue en rumbo de derrape, y el mundo espera otra Cumbre del G-20, esta vez la de Cannes, para ver si en ese foro dan con medidas que inviertan la tendencia. Los líderes europeos no esperan tanto, apenas el respaldo para medidas de urgencia.

Los países en desarrollo y emergentes reclaman a Europa medidas que eviten que la crisis se propague a sus economías, la personas comunes que se invierta en la recuperación del empleo y el crecimiento, y los líderes europeos por ahora anuncian meras medidas de emergencia: recapitalizar a la banca y a los prestamistas de último recurso (FMI y Fondo Europeo de Estabilidad Financiera).

La señal europea es inquietante: optar por un superprestamista de última instancia para pagar acreedores revela que siguen atendiendo la coyuntura.

El camino a la cumbre está otra vez jalonado por la presión del sector financiero, apoyado por los cabilderos habituales: el FMI, que anuncia un futuro peligroso y reclama un nuevo rescate con dineros públicos, y las calificadoras de riesgo, que avivan el caldero rebajando la calificación de la deuda soberana de Italia y España, y advirtiendo que pueden hacer lo propio con la de Francia.

Tensando la cuerda las tres grandes agencias Standard and Poor’s, Moddy’s y Fitch recortaron la calificación de un sinnúmero de grandes bancos europeos, o los han puesto en situación de vigilancia negativa, entre los cuales el BNP Paribas, el banco más grande de Francia.

Fitch anunció, sin tapujos, que tales rebajas resultan de la intención política de las autoridades financieras de Alemania, Suiza y Londres, de limitar el apoyo implícito a los bancos de cada país[i], así como de la importante exposición que tienen sobre los títulos de deuda de países de la periferia europea.

Toda una revelación y una advertencia.

El lobby del poder financiero no tiene contrapartida.  Salvo que los gobiernos se resolvieran a ponerle freno.

Y los gobiernos deberían pensárselo. En primer lugar, porque la avaricia y la especulación de los banqueros están en el meollo de la crisis, y en segundo lugar porque la gente ha perdido la paciencia.

Las personas comunes no son responsables de este desastre, pero pagan las consecuencias. Son los gobiernos los que toman las decisiones que rigen sus economías y algunos de ellos, los más poderosos, los que toman las decisiones que rigen el mundo global.

Son los gobiernos los que optaron por un mundo sin controles financieros, los que permitieron que sus mercados se convirtieran en una ruleta en que se apuesta el trabajo y el bienestar de las personas.

Las personas comunes depositan su confianza y sus impuestos en los gobiernos, no en la banca.  Y no quieren que sus impuestos vayan a manos de los especuladores, quieren que sus gobiernos los inviertan en empleo, productividad y crecimiento.

Y eso pedían en la jornada del 15-O, que congregó a cientos y cientos de miles de personas que ocuparon las plazas de más de 900 ciudades en 82 países.

La pelea está planteada, y a simple vista luce despareja, el lobby de la banca tiene una experiencia milenaria; saben cuándo, cómo y dónde apretar. La gente común cuenta apenas con su enojo y las redes sociales.

Pese a la disparidad, el resultado es imprevisible.

Cierto es que algunas manifestaciones populares del pasado se diluyeron casi tan pronto como comenzaron, pero otras provocaron cambios progresivos, como el N-30 iniciado en Seattle en 1999, y la reciente primavera de la Plaza Tahrir de El Cairo, que cambió en pocos días un gobierno de más de 30 años.

Por Raúl de Sagastizabal