Argentina – Uruguay: Acuerdo contra la evasión fiscal

El reciente informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el marco de intercambio de información fiscal de Uruguay ha levantado una polvareda entre los operadores inmobiliarios uruguayos, que temen perder negocios con inversionistas argentinos, en particular en las ciudades de Colonia y Punta del Este.

En el marco de las revisiones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales[i], se destaca que Uruguay[ii], ha mejorado su marco legal y reglamentario tendiente a hacer posible un efectivo intercambio de información tributaria, y que recientemente ha suscrito su décimo[iii] acuerdo al respecto. No obstante, el Foro aconseja rever la legislación interna referente a la identidad de los titulares de acciones y los propietarios de ciertos fideicomisos, y que el país amplíe su red de acuerdos de intercambio de información, especialmente con sus más importantes asociados comerciales.

Entre los socios comerciales importantes de Uruguay se cuenta Argentina.

Tras la publicación de este informe el Presidente del Uruguay, José Mujica, sostuvo[iv] que el país seguirá las recomendaciones internacionales, y el Vicepresidente, Contador Danilo Astori, anunció que se hará un planteo a los países del Mercosur en relación con el intercambio de información fiscal y que se modificará el régimen de acciones al portador.

Los operadores inmobiliarios, por su parte, manifestaron que cualquier cambio “en las reglas del juego” desalentará la inversión de argentinos en el Uruguay, que buscarán otros destinos y que las consecuencias serán nefastas en los sectores inmobiliario, de la construcción y agropecuario.

Agregan que ante el anuncio ya se han “retirado” algunas inversiones que se estaban negociando y que prevén más retiros ante la incertidumbre sobre el régimen futuro, que eso provocará una menor demanda y caída de los precios, y que los perjudicados serán los uruguayos y no los argentinos.

Sostienen también que los controles que hay “son suficientes” y que agregar más y hacer informes sobre quién está invirtiendo en el país “no va a contribuir en nada al mercado inmobiliario ni a las inversiones que ya están, que se van a ir a otros lugares”. Agregan que la mayoría de las veces los inversores no tienen “dinero sucio” y que “ante esta situación sienten disconformidad”, porque “no se les dan las garantías necesarias”.

Las explicaciones de los operadores no hace más que “oscurecer” el asunto; de hecho se desprende de ellas que algunos inversores tendrían dinero sucio. Si un inversionista ha pagado sus impuestos en la jurisdicción en que ha ganado su dinero, puede invertirlo, gastarlo o tirarlo sin temores en cualquier lugar del mundo; no necesita garantías de confidencialidad o secreto, porque no va a “esconder” dinero defraudado a las autoridades tributarias de origen, sino a invertirlo abierta y libremente.

Los recientes escándalos sobre evasión fiscal –desde las casi 2.000 cuentas de posibles evasores alemanes en Liechtenstein, acusados de fraude fiscal; las 500.000 compañías que “desaparecieron” de los registros británicos, con una evasión de 16.000 millones de libras, hasta las más recientes denuncias de evasión masiva en medio de la crisis griega– han dado lugar a iniciativas de intercambio de información fiscal y bancaria y de gravamen sobre los depósitos en el exterior, entre jurisdicciones tradicionalmente reacias a este tipo de acuerdos.

Estados Unidos y Suiza suscribieron un protocolo fiscal de intercambio de información, Luxemburgo ha firmado doce acuerdos de ese tipo, el último con Noruega, y el Reino Unido y Suiza han ido más allá, suscribiendo un acuerdo que pone freno a quienes abusan del secreto bancario suizo para esconder en esa plaza el producto de la evasión de impuestos, y que permite gravar esos fondos ahora, por única vez, con tasas de entre el 19% y el 34%, para liquidar deudas tributarias exigibles, no aplicable naturalmente a aquellos que han pagado ya sus impuestos por esos depósitos, y a partir de 2013 permite gravar los depositos de residentes del Reino Unido en cuentas de bancos suizos con un nuevo impuesto de retención en la fuente, del 48% sobre los ingresos de inversiones y del 27% sobre las ganancias.

Un acuerdo de intercambio de información fiscal entre Argentina y Uruguay, o entre los países del MERCOSUR, va en el mismo sentido: no persigue contribuyentes, sino evasores.

Aunque recién se inician las negociaciones, la iniciativa es alentadora. Salvo, naturalmente, para los evasores.

PoliticaPress